PROBLEMAS PRÁCTICOS QUE DEBEN AFRONTAR LOS RETORNADOS (AS)

Muchos de los que proceden de América realizan su retorno en situación de precariedad económica, dificultando esto su integración posterior. En muchos casos no ha habido una información correcta en los consulados de los países de residencia. Una mejor información mejoraría las condiciones de la vuelta, o por lo menos daría conocimientos con los cuales tomar una decisión más acertada o adecuada a la realidad de la España actual (no la que dejaron…). En otros casos, las crisis políticas y económicas de los países de acogida los forzaron a salir apresuradamente y no tuvieron tiempo de planificar.

Otro problema es la falta de vivienda, que en Cataluña, específicamente, es muy serio. Muchos españoles retornados deben terminar alquilando habitaciones en pisos compartidos a altos precios y malas condiciones. El Patronato Municipal de la Vivienda está concertando entrevistas para inscribirse para dentro de varios meses.
Asimismo hay quienes se encuentran en la situación de carecer de aportaciones a la Seguridad Social que les permita jubilarse, o no tienen derecho a otra protección social una vez se les agota el subsidio de retornado, salvo la posibilidad de tramitar la renta activa de inserción o la renta mínima de inserción.
Otra dificultad que enfrentan es que en los casos en que la Comunidad Autónoma tenga una lengua diferente del castellano también deben aprender el idioma a nivel oral y escrito para acceder a un empleo.
Es un colectivo con características diversas, como son la edad, educación, recursos económicos, lugar de procedencia, que tiene en común esta tarea de reinserción.

Es de señalar la dificultad de inserción de los retornados en el mercado laboral, teniendo que realizar generalmente cursos de formación o reciclaje para adecuarse a esta realidad. Asimismo encuentran problemas de convalidación de sus títulos académicos profesionales y de los certificados de minusvalía expedidos en los países de acogida.

LAS INMIGRANTES MALTRATADAS NO SERÁN EXPULSADAS

Las mujeres extranjeras que denuncien ser víctimas de violencia de género no serán expulsadas de España, así como los inmigrantes víctimas de redes de tráfico de seres humanos, según el borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería revelado el martes.

Las inmigrantes maltratadas no serán expulsadas de España

Esta es una de las principales novedades del futuro reglamento que según la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, podría entrar en vigor en unos dos meses.

Las víctimas extranjeras de maltrato o redes clandestinas en situación irregular en España en el momento de la denuncia verán paralizado el procedimiento de expulsión a la espera de una resolución judicial o un informe del fiscal.

Durante ese tiempo podrá recibir un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales por un periodo de hasta cinco años, y también podrá solicitar el mismo permiso para sus hijos mayores de 16 años.

"El reglamento extrema la protección de las personas que denuncien delitos de tráfico o malos tratos hasta que el juez determine", dijo Terrón en la presentación del borrador del reglamento en el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Se calcula que una cuarta parte de las mujeres que denuncian malos tratos son inmigrantes.

Además, el nuevo reglamento concederá los 'papeles' a los padres inmigrantes de niños nacidos en España podrán conseguir una residencia temporal por razones de arraigo familiar siempre y cuando el menor esté a su cargo y conviva con él.

También respetará la antigüedad de residencia de los inmigrantes que se marchen de España bien en programas de retorno o voluntariamente. Pasados tres años desde su regreso a su país de origen podrán volver a España a través de un procedimiento preferente y siempre que cuenten con un contrato de trabajo.

El reglamento, que cuenta con 200 artículos, introduce un mecanismo más ágil para atraer personal altamente cualificado e investigadores porque, como dijo la secretaria de Estado, "Alemania no es la única que quiere estos trabajadores", en referencia a la reciente oferta de la canciller alemana Angela Merkel de contratar a este tipo de empleados españoles.

Tras la presentación del reglamento se abre un periodo de 15 días para alegaciones antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

En España el número de residentes extranjeros asciende a algo más de 4,7 millones de personas, de las que casi 2,4 millones son extranjeros no comunitarios, según datos oficiales de diciembre.